Asunción, 16 abr (Pl) Paraguay inició hoy la cuenta regresiva para los comicios generales del próximo domingo viviendo una espiral de denuncias y escándalos por hechos de corrupción que tienen como centro a políticos y funcionarios públicos.
Unos tres millones y medio de ciudadanos están convocados para ejercer el sufragio y elegir presidente y vicepresidente de la República, renovar el Senado y la Cámara de Diputados, así como las gobernaciones y juntas departamentales y hasta diputados al Parlamento Suramericano.Un total de 11 candidatos a Jefe de Estado pujarán por el triunfo este domingo en las primeras elecciones a celebrarse después que , el pasado mes de junio, un golpe de Estado parlamentario desalojara del poder al gobierno electo en el 2008.
Muchas fueron las protestas durante la campaña que incluyen a partidos y organizaciones de izquierda por exclusiones en el acceso a los medios de difusión, hasta el cruce de acusaciones entre agrupaciones tradicionales por uso abundante de recursos de dudosa procedencia.
Sin embargo, las últimas semanas se contemplaron imputaciones públicas que, en su gran mayoría, develan eventuales negocios ilegales con la participación de aspirantes y funcionarios gubernamentales, por cierto con responsabilidades en la interrupción del proceso democrático de la nación.
La reciente destitución del presidente del Instituto de la Tierra, Luis Ortigoza, fue el último acontecimiento relacionado con la venta a particulares de parcelas pertenecientes a asentamientos campesinos y participación en adquisición ilegal y sobrevaluada de miles de hectáreas.
El candidato presidencial del Partido Colorado, Horacio Cartes, acusado por sus propios compañeros en la ejecución del golpe parlaentario, fue señalado por participación en operaciones con un banco situado en uno de los paraísos fiscales incluyendo millonarios fondos.
Sobre la cabeza del presidente del Senado, Jorge Oviedo, pende la amenaza de destitución del cargo por su supuesta participación en la venta al Estado de tierras con problemas legales por 11,5 millones de dólares, cobrados a gran velocidad y en efectivo con ayuda de un banco estatal.
Más allá de que estas y otras acusaciones formaron parte de la lucha por deslegitimar a adversarios, la realidad es que el país se acerca a sus comicios generales con serias afectaciones de la credibilidad de los representantes de las organizaciones politicas tradicionales.
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